La desigualdad, la pobreza y la exclusión política y económica son solo algunos de los fenómenos que rodean al conflicto armado colombiano. Todos ellos han servido “como justificación de la violencia insurgente por ser la única alternativa para exigir cambios sociales”, según afirma el investigador y escritor Gustavo Duncan. Sin embargo, dice el experto, la violencia ligada a este conflicto no nace necesariamente de estos fenómenos, sino de una alianza con la criminalidad. Y es precisamente este vínculo criminal el que ha ayudado a que el conflicto se alargue durante décadas y lo que explica la existencia de grupos ilegales aun después de la firma del acuerdo de paz. ¿Por qué? La razón más evidente y visible es la económica, aunque existen otras más complejas. Los grupos guerrilleros se han financiado a través de una economía vinculada a una acción criminal, a pesar de que sus raíces se encuentran en los movimientos de lucha campesina y obrera. Este medio de financiación es tan lucrativo que hoy en día otros grupos armados al margen de la ley luchan por los territorios que han abandonado las FARC tras los acuerdos de paz. Aunque estos grupos no son comparables a esta organización y el Estado colombiano es hoy más fuerte para hacerles frente, siguen siendo generadores del conflicto y de las acciones de violencia ligadas a él (extorsiones, secuestros, homicidios).